Gustavo Fernández Supera fue patotero de la CNU en los ’70 y estafó al Estado en los ’90
Ahora, la investigación de Miradas al Sur ha podido establecer que Fernández Supera no sólo vive a expensas del Estado sino que está procesado como “partícipe necesario” del delito de “peculado” en la asignación irregular de frecuencias radioeléctricas de alta densidad para luego revenderlas, delitos cometidos durante la gestión del menemista Germán Kammerath en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Ingeniería para la estafa. La causa se inició en el año 2000 por una denuncia que la Oficina Anticorrupción realizó basçandose en una investigación de los entonces diputados del Frepaso Graciela Ocaña y Atilio Tazioli, quienes revelaron el presunto otorgamiento gratuito de frecuencias comprendidas entre los 20 y los 40 Ghz a sociedades formadas por amigos y familiares de Kammerath, quienes posteriormente las habrían vendido a empresas del sector, ocasionándole al Estado un perjuicio estimado en alrededor de 200 millones de dólares. En junio de 2004, la jueza María Servini de Cubría dictó la falta de mérito en la causa y sobreseyó a los inculpados, medida que la Cámara Federal ratificó un año después.
Sin embargo, en un fallo firmado el 4 de agosto de 2009, los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, revocaron el sobreseimiento que había dictado Servini de Cubría y decidieron procesar a Kammerath y su segundo en la secretaría, Alejandro Cima, como “autores”, y a Marcos Aurelio Álvarez (cuñado de Kammerath), Gustavo Fernández Supera (presunto testaferro), Miguel Angel Cappa, Raúl Corletti, y los hermanos Carlos, Pedro y Roberto Castoldi como “partícipes necesarios”, por entender que habían montado “un esquema de asignación de bandas a demanda que buscaba beneficiar a personas de su círculo íntimo para que luego éstas pudieran lucrar con su venta o asociación posterior con interesados en intervenir en el sector”. Los magistrados destacaron que los beneficiados por esas licencias de frecuencias de alta densidad y los funcionarios Kammerath y Cima “tenían relaciones de conocimiento y comerciales entre sí”.
De acuerdo con el fallo, los procesados habían conformado las sociedades anónimas Macrocom, Fastcom, Cosutel y Corletti, a las que la secretaría otorgó gratuitamente varias frecuencias sin que cumplieran con los requisitos necesarios. Una vez obtenidas, y sin hacer inversión alguna, estas sociedades anónimas las vendieron. “Conforme puede colegirse de la distinta prueba incorporada a la investigación, resulta evidente que tanto Kammerath como Cima, mediante el entramado diseñado por Marco Aurelio Álvarez, secundado por Cappa y Fernández Supera, otorgaron licencias de frecuencias de alta densidad para que luego quienes las recibieron lucraran con la venta de tales licencias por el valor de mercado real –señalaron los jueces–. Mediante dicho accionar sustrajeron dichas frecuencias del patrimonio que administraban.”
El Misto en acción. Los integrantes de la Cámara Federal también explicaron que “surge de forma clara que los funcionarios Kammerath y Cima, las empresas beneficiarias de las licencias de frecuencias de alta densidad como así las personas que integraban tales firmas tenían relaciones de conocimiento y comerciales entre sí”.
A continuación, los jueces detallaron el papel jugado por cada uno de los imputados en el armado societario y los papeles que cumplieron para perpetrar la estafa. La investigación demostró que Fernández Supera actuó en varias oportunidades como “representante de Mocrocom S.A.”, fue uno de los adquirentes del paquete accionario de Fastcom S.A. el 17 de junio de 1997; fue receptor del otorgamiento de una licencia a la firma Cosultel S.A.; se presentó como presidente y accionista de Fastcom S.A. y como apoderado y representante en la Argentina, y luego como presidente, de la firma uruguaya Sametown S.A.; figuró como gerente de Mobitex S.A., y apareció como gerente personal de la empresa Radioexpress S.A., de la cual eran directores la hermana del secretario de Comunicaciones, Rosa María Kammerath, y su cuñado, Marco Aurelio Álvarez.
“A la luz del marco fáctico que se tiene por probado –dice el fallo de la Cámara–, el Tribunal sostiene que las características de las actividades de Germán Kammerath y Bernardo Cima (autores), y Marcos Aurelio Álvarez, Gustavo Fernández Supera, Miguel Ángel Cappa, Carlos Alberto Castoldi, Pedro Francisco Castoldi, Pedro Horacio Castoldi y Raúl Jorge Eduardo Corletti (partícipes) satisfacen los elementos requeridos por la figura de peculado (artículo 261 del Código Penal), que prohíbe la conducta del funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
La carrera delictiva de Fernández Supera no sabe de fronteras. De partícipe del terrorismo de Estado en los ’70 pasó a estafador en perjuicio del Estado en los ’90. Hoy, paradójicamente, es ese mismo Estado quien le paga su salario, como empleado del Ministerio del Interior en el Archivo General de la Nación.
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